Una deuda oculta de 88,5 millones en Alcorcón dispara la alarma de una situación financiera dramática
Las escenas de rabia se reproducen día a día a las puertas de la Tesorería del Consistorio. La situación en el Ayuntamiento de Alcorcón es dramática, y tiene nombres y apellidos. El alcalde socialista, Enrique Cascallana, tiene acumulados a 31 de diciembre de 2010 al menos 88,5 millones de euros en facturas impagadas a proveedores, como acredita el informe del interventor, al que ABC ha tenido acceso. Algunos de los damnificados, asfixiados por las deudas, han tenido que cerrar la empresa, renegociar con sus bancos el dinero que ellos mismos habían adelantado al Consistorio y buscar a la desesperada otras salidas laborales.
Ante esta situación, la respuesta de Cascallana es, sencilla y llanamente, que esta localidad «tiene pagos pendientes, algunos vencidos y otros sin vencer», pero que la situación es «normal» y ocurre en todos los ayuntamientos, por lo que denunció una «persecución de carácter político», contra él. Desde el PP señalan que la aparición de esta deuda oculta dispara la alarma de una situación financiera dramática, ya que «es la deuda que el Gobierno socialista de Alcorcón estimaba a finales de diciembre de 2010 y que, según el Ayuntamiento, todavía tiene “carácter provisional”». «Viendo el despilfarro alegre que hace Cascallana, no me quiero ni imaginar cuál será la deuda real que hay actualmente y de la que nos enteraremos el 22 de mayo», advierte el candidato del PP en esta localidad, David Pérez.
Los desajustes en tesorería no quedan ahí. A juicio de Pérez, «esta cuantía se sumaría de forma muy preocupante a la deuda bancaria, que es de 143 millones de euros». Según afirma, «Cascallana ha establecido como norma habitual no pagar a los proveedores, lo que ha llevado a la pérdida de puestos de trabajo». Para el candidato popular, «lo más escandaloso es que, cuando al interventor general se le pide que aporte información sobre la deuda a acreedores, su respuesta es que en ese Consistorio ni se sabe lo que deben ni a quién se lo deben».
«La estrategia del Consistorio de Cascallana de ocultar la verdadera deuda que ha contraído con acreedores es una vergüenza —indica Pérez—, una deslealtad con los alcorconeros y un intento de manipulación. El regidor socialista utiliza a su antojo el dinero de los vecinos, a los que está hipotecando el futuro». «Pediremos explicaciones a Cascallana, que está jugando a la ruleta rusa con el futuro del Consistorio», concluye.
Y con el futuro de muchas personas que han querido dar su testimonio. Otras se han negado a salir en este reportaje por temor a posibles represalias:
Clipse
«Ya hay sentencias de alcaldes que responden con sus propiedades»
La adjudicataria de la Casa de Acogida de Alcorcón cerró en mayo de 2010. No pudo sobrevivir a los impagos municipales y la deuda sin intereses suma 469.404 euros. Llevaban catorce años gestionando dos instalaciones para mujeres en riesgo de exclusión; un centro de larga estancia, y otro de corta estancia para las víctimas de violencia de género. Agobiados por las facturas devueltas, primero se financiaron con créditos ICO. Después aguantaron un tiempo con sus propios recursos, mientras solicitaban encarecidamente al Ayuntamiento que hiciese frente a alguna factura. Pasaron los meses sin obtener respuesta alguna.
Al tiempo, volvió a salir a concurso la gestión de la Casa de Acogida, pero ni siquiera pudieron presentarse, «uando antes siempre quedábamos los primeros», se lamenta Miguel Cortijo, uno de los socios fundadores. «Somos técnicos que queríamos conseguir objetivos con las mujeres y con los niños de la casa. También que la plantilla trabajase cohesionada. Es una lástima porque había un nivel altísimo de éxito, con muy pocas recaídas entre las internas», explica.
La situación que tuvieron que afrontar no fue nada fácil. Esta deuda que el Ayuntamiento mantiene con ellos les puso en una situación límite, porque ni siquiera pudieron hacer frente al pago de las últimas nóminas de los trabajadores. Eso sí, «los alimentos, fármacos y productos de higiene necesarios para las mujeres que vivían en esta casa los pagamos de nuestro bolsillo hasta el último momento. A esas mujeres no les faltó nunca de nada», asegura Cortijo. Al final no pudieron aguantar más y a las 12 de la noche del 6 de agosto de 2010 echaron el cierre. «Los traslados de niños y mujeres los hicimos con nuestros propios medios, para que no sufrieran», indica.
Desde entonces hay «silencio administrativo» por parte del Ayuntamiento, según Cortijo. En febrero de 2011, Clipse presentó una demanda, que presuponen que pasará al Tribunal de Cuentas. «Es que tampoco nos han devuelto la fianza que pusimos para ejercer el servicio, que era de 30.000 euros. Eso es ilegal», se queja. «No es dinero de caja, es dinero de “por si acaso”». Ahora, sólo les queda esperar a que haya una sentencia firme, y luego su ejecución. «Ya hay sentencias de alcaldes que han tenido que responder con sus propiedades», concluye este ex empresario. Lo cierto es que estas mujeres y sus pequeños ya no reciben atención por parte del Ayuntamiento de Alcorcón y que 15 profesionales están en la calle.
United Shield National
«No somos una ONG ni la financiera de Cascallana»
Paqui Marín es una de las directivas de United Shield National, empresa española especializada en elementos de protección policial, como chalecos antibalas, escudos balísticos, cascos, etcétera. Han servido varios equipos a la Policía Local de Alcorcón, que el Ayuntamiento no ha pagado todavía. Son dos facturas, una por importe de 2.400 euros y otra de 2.700, de diciembre de 2009. «Me siento utilizada por el Ayuntamiento de Alcorcón», se queja Marín. «No somos una ONG ni mucho menos la financiera del Ayuntamiento», añade, indignada. «Esta situación no es nueva. Sabemos que, antes de que hubiera crisis, los bancos ya les habían dado cerrojazo».
En cuanto a los equipos servidos, «no son una linterna o una simple bota... No son de «stock», son de protección balística, que es una cosa muy diferente. Se fabrican en Inglaterra bajo pedido y tienen una vida útil delimitada; es decir, vienen con fecha de caducidad», explica esta directiva. «Al ser de encargo, nosotros no tenemos más remedio que abonarlos antes. No pueden abusar así de las empresas. Los negocios trabajan con circulante. Así no se funciona», dice.
Su estrategia de cobro ha pasado por todas las fases. Primero enviaron numerosos correos electrónicos a la Policía Local; llamaron, pero no consiguieron nada. Después concertaron una cita con el director de la oficina de Hacienda, sin resultados. Encima, cuando llegaron, se encontraron con una señora «llorando por el impago de unas facturas de la limpieza». Ahora están pensando en retirarle a la Policía los equipos servidos.
En el futuro, negociarán de otra manera. «Exigiremos facturas proforma (por adelantado) o el 50% del importe de la factura en la formalización del pedido y el otro 50% a la entrega del material», indica. «En el extranjero nadie entiende que vendas y después te tengas que sentar en el Ayuntamiento a esperar. Es muy duro trabajar y que no te paguen. Nosotros también tenemos hipoteca, colegios e hijos», concluye.
Aurora, esposa de un autónomo
«Ni locos volvemos a trabajar para el Ayuntamiento»
Al marido de Aurora, trabajador autónomo especializado en domótica, le contrató una empresa que, a su vez, había subcontratado el Ayuntamiento. Hace tres años que estas pymes entraron en suspensión de pagos y no pudieron afrontar los 60.000 euros que debían a su esposo, que ni siquiera puede hacer una reclamación oficial. «Cogimos una depresión grandísima y nos tuvo que ayudar la familia a salir adelante», explica.
«Gracias a Dios, hemos podido continuar trabajando, pero ni locos volvemos a trabajar para el Ayuntamiento. Al final, nosotros contratamos a otros empleados y les tenemos que pagar la Seguridad Social. Es una injusticia tremenda, como tremenda es la rabia e impotencia que te entra». «Cascallana le debe dinero a todo el mundo, da igual con quien hables», relata, indignada.
Fuente: ABC. Carlota Fominaya
Pérez explicó que la contestación que el pasado 17 de febrero recibió el grupo popular es que "la relación de acreedores no integra la Cuenta General del Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2006", y añadió que "su obtención fidedigna requeriría de la correspondiente depuración y elaboración".
