Publicado en El Cascallazo
Según hemos podido saber a través de un amable confidente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado ya el primer auto de ejecución provisional sobre una de las sentencias que obligaban a elevar el justiprecio de 36 euros a 76 euros el metro cuadrado de los terrenos donde se encuentra ubicado el desarrollo urbanistico Ensanche Sur - Cuatro Caminos.
El auto, dictado el pasado 13 de enero, es ejecutivo en un plazo de 30 días y no quedará paralizado por un eventual recurso de casación ante el Tribual Supremo, lo cual significa que el Ayuntamiento de Alcorcón, como Administración demandada y condenada en este proceso, está obligado a desembolsar perentoriamente 1.161.862,12 Euros más los intereses legales devengados.
De este modo se inicia el proceso de ejecución de las sentencias que previsiblemente irán goteando a lo largo de los próximos días o semanas, obligando a EMGIASA al pago de las cantidades estimadas por la justicia.
En esta ocasión y en este caso particular, se insta a EMGIASA al pago de 1,2 millones de euros, más los intereses correspondientes, habiendo aplicado el nuevo baremo regulador del precio por metro cuadrado estimado por los jueces en 76 € /m2.
El montante total de dinero que el Ayuntamiento tendría que abonar en las próximas semanas si, como es previsible, el resto de sentencias reciben la ejecución provisional, llegaría a un total de 76 millones de euros + intereses, según las demandas interpuestas y las alegaciones realizadas por el propio Ayuntamiento.
EMGIASA, en sus alegaciones a la ejecución provisional admitida por los jueces, habría alegado su incapacidad económica para hacer frente al pago de esas cantidades, y las consecuencias desastrosas que podrían ocasionar a las promociones públicas de vivienda que estan pendientes de entrega o en construcción, haciéndolo extensible a otros ámbitos de actuación en el municipio.
En los próximos días, y si Cascallana no nos corta el cable o nos manda a "la Sinde" para que tengamos pesadillas, iremos desgranando el pliego de alegaciones efectuado por el Ayuntamiento, donde el bufete de abogados privados contratado por Cascallana & Companay a cargo de nuestros impuestos cuestiona claramente la viabilidad de EMGIASA, una empresa pública abocada a la suspensión de pagos y la quiebra en caso de acontecer justo lo que en estos momentos estamos viviendo.
El auto, dictado el pasado 13 de enero, es ejecutivo en un plazo de 30 días y no quedará paralizado por un eventual recurso de casación ante el Tribual Supremo, lo cual significa que el Ayuntamiento de Alcorcón, como Administración demandada y condenada en este proceso, está obligado a desembolsar perentoriamente 1.161.862,12 Euros más los intereses legales devengados.
De este modo se inicia el proceso de ejecución de las sentencias que previsiblemente irán goteando a lo largo de los próximos días o semanas, obligando a EMGIASA al pago de las cantidades estimadas por la justicia.
En esta ocasión y en este caso particular, se insta a EMGIASA al pago de 1,2 millones de euros, más los intereses correspondientes, habiendo aplicado el nuevo baremo regulador del precio por metro cuadrado estimado por los jueces en 76 € /m2.
El montante total de dinero que el Ayuntamiento tendría que abonar en las próximas semanas si, como es previsible, el resto de sentencias reciben la ejecución provisional, llegaría a un total de 76 millones de euros + intereses, según las demandas interpuestas y las alegaciones realizadas por el propio Ayuntamiento.
EMGIASA, en sus alegaciones a la ejecución provisional admitida por los jueces, habría alegado su incapacidad económica para hacer frente al pago de esas cantidades, y las consecuencias desastrosas que podrían ocasionar a las promociones públicas de vivienda que estan pendientes de entrega o en construcción, haciéndolo extensible a otros ámbitos de actuación en el municipio.
En los próximos días, y si Cascallana no nos corta el cable o nos manda a "la Sinde" para que tengamos pesadillas, iremos desgranando el pliego de alegaciones efectuado por el Ayuntamiento, donde el bufete de abogados privados contratado por Cascallana & Companay a cargo de nuestros impuestos cuestiona claramente la viabilidad de EMGIASA, una empresa pública abocada a la suspensión de pagos y la quiebra en caso de acontecer justo lo que en estos momentos estamos viviendo.
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